Un tribunal costarricense ha fallado a favor de un vecino de Santa Bárbara de Heredia que sufrió lesiones graves al caer en una alcantarilla defectuosa. El incidente, que ocurrió en 2020, ha resultado en una orden judicial que obliga a la Municipalidad de Santa Bárbara a indemnizar al afectado por discapacidad permanente y daños morales.
Detalles del accidente y sus secuelas
El accidente tuvo lugar el 2 de agosto de 2020, en una acera de la ruta nacional 127, barrio San Bosco. Mientras caminaba con su esposa, el pie izquierdo del hombre quedó atrapado en una rejilla mal construida, lo que le provocó una caída que resultó en un traumatismo en su rodilla izquierda y una fractura en un dedo de la mano derecha, con la que intentó amortiguar el impacto.
Las lesiones llevaron al afectado al hospital San Vicente de Paúl, donde los médicos confirmaron las complicaciones en su pierna. Más tarde, desarrolló riesgo de trombosis venosa profunda, lo que requirió una cirugía para drenar un hematoma. Además de las consecuencias físicas, el hombre sufrió ansiedad y depresión debido al dolor persistente y a las complicaciones médicas.
Responsabilidades y hallazgos del tribunal
El Tribunal Contencioso Administrativo determinó que la Municipalidad no cumplió con su obligación de garantizar la seguridad de las aceras y mantener la infraestructura en buen estado. Aunque la municipalidad afirmó que la rejilla no formaba parte de la red vial municipal, el tribunal señaló que la negligencia en la supervisión y mantenimiento de la estructura era suficiente para atribuirle responsabilidad parcial.
El informe técnico presentado durante el juicio indicó que la rejilla era de fabricación casera y no cumplía con las normativas técnicas del país. Los espacios entre las barras metálicas superaban los 15 centímetros permitidos, lo que representaba un riesgo evidente para los peatones.
Compensaciones ordenadas por el tribunal
El fallo emitido en abril de 2024 establece una indemnización por discapacidad permanente del 5%, cuya cifra será calculada en una fase posterior. Además, el tribunal ordenó pagar al demandante ¢3 millones por daño moral subjetivo, una cantidad que refleja las secuelas emocionales y psicológicas del accidente.
Sin embargo, la solicitud del vecino de ¢28 millones por daño moral y la compensación por los 43 días de incapacidad temporal fueron rechazadas. El tribunal consideró que la cantidad solicitada no era proporcional y que la incapacidad ya había sido cubierta por su patrono, además de que no se presentó prueba salarial suficiente para sustentarla.
Declaraciones y respuesta de la municipalidad
La Municipalidad de Santa Bárbara argumentó que nunca había recibido denuncias relacionadas con el mal estado de la rejilla. Según el arquitecto Mario Loría, de la Unidad de Desarrollo Urbano, la estructura metálica no formaba parte de su red vial, por lo que la responsabilidad recaería en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
A pesar de estas declaraciones, el tribunal subrayó que la municipalidad tiene la responsabilidad general de velar por la seguridad de las infraestructuras públicas dentro de su jurisdicción.
Acciones correctivas
Además de la indemnización, los jueces ordenaron al municipio reparar de inmediato la alcantarilla para garantizar que cumpla con las normativas de seguridad y no represente un peligro para los peatones.
Este caso no solo destaca la importancia de mantener las infraestructuras públicas en buen estado, sino que también subraya la responsabilidad de las autoridades locales de supervisar y corregir cualquier riesgo potencial en sus jurisdicciones.
